2 acusados de asesinar a testigos y enterrar restos para frustrar investigación de narcotráfico tras investigación de HSI San Diego y socios
SAN DIEGO — El 5 de marzo, un pliego acusatorio sustitutivo fue publicado parcialmente en el distrito sur de California acusando al presunto narcotraficante Benjamín Madrigal Birrueta, de 22 años, de asesinar a dos personas para impedirles testificar en casos de narcotráfico en un tribunal federal en San Diego. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas, la FBI y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos están investigando este caso con agencias del orden público locales.
Las víctimas fueron identificadas como César Armando Murillo, de 44 años, y María Sofía Hernández, de 33 años, de Yakima, Washington. Documentos judiciales indican que Hernández estaba embarazada de seis meses cuando fue asesinada —y el pliego acusatorio sustitutivo incluye un cargo separado que acusa a Madrigal Birrueta de la muerte de su hijo en el útero. A Hernández le sobreviven tres hijos y a Murillo le sobreviven dos hijos.
“HSI continúa investigando incansablemente organizaciones criminales que trafican drogas peligrosas a través de nuestra frontera y hacia el interior de Estados Unidos. En esta búsqueda, nos aseguraremos de que cualquier persona responsable de causarle daño a un testigo en una de nuestras investigaciones rinda cuentas por estas acciones”, dijo el agente especial encargado de HSI San Diego, Chad Plantz. “El miedo o el daño causado a quienes denuncian un delito o testifican disminuye la confianza del público en el sistema de justicia penal y erosiona los cimientos del estado de derecho. HSI y sus socios están comprometidos con garantizar que cualquier persona que manipule a testigos o infrinja las leyes vigentes para protegerlos sea llevado ante la justicia”.
Según documentos judiciales, la investigación inició con la incautación de drogas de vehículos robados de último modelo que utilizaron puertos de entrada del área de San Diego entre agosto y octubre de 2021. El pliego acusatorio alega que Madrigal Birrueta era líder de una empresa criminal que cometió una serie de violaciones graves de leyes federales sobre drogas y que él es responsable de importar drogas.
En agosto de 2022, la investigación condujo a los agentes a un grupo de personas que operaban desde Yakima. Agentes especiales de HSI entrevistaron a Murillo y Hernández y, a los pocos días, los dos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en el alto desierto.
El pliego acusatorio sustitutivo también acusa a Ricardo Orizaba, de 21 años, de ser cómplice de asesinato.
Documentos judiciales describen cómo estos cargos surgen tras una investigación exhaustiva de un año de duración que empleó geofísicos, radares de penetración terrestre, aviones, imágenes láser, pruebas químicas del suelo, numerosos perros detectores de cadáveres y otras técnicas policiales para buscar los restos de las víctimas. Agentes especiales de HSI recuperaron con éxito los restos el 13 de septiembre de 2023, con la ayuda de un equipo de Investigaciones de Escenas del Crimen de la Policía Estatal de Washington.
Además, documentos judiciales indican que, según los informes de autopsia, ambas víctimas murieron por múltiples heridas de bala en la cabeza.
Durante la investigación, agentes incautaron metanfetamina, cocaína, fentanilo, múltiples armas de fuego —incluyendo una ametralladora— y chalecos antibalas de la organización narcotraficante de Madrigal Birrueta. Además de los homicidios, el pliego acusatorio sustitutivo acusa a Madrigal Birrueta de posesión de una ametralladora para promover un delito de narcotráfico.
Tribunales federales en California y Washington han ordenado que Madrigal Birrueta y Orizaba permanezcan detenidos en espera de juicio —y ambos se encuentran bajo custodia.
“Estas ejecuciones fueron un asalto a nuestro sistema de justicia, diseñadas para silenciar a testigos e infundir miedo”, dijo la fiscal federal Tara McGrath. "La obligación de proteger a los testigos es primordial y Estados Unidos enjuiciará plenamente la intimidación y violencia diseñadas para interferir con el sistema de justicia".
“Los carteles y las organizaciones de narcotráfico han traspasado nuestras fronteras, llevando su criminalidad a cada ciudad y pueblo pequeño en nuestro interior”, dijo el agente especial encargado Robert Hammer, quien supervisa las operaciones de HSI en el noroeste del Pacífico. "El asesinato de testigos es una afrenta a nuestro estado de derecho —pero HSI, junto con nuestros socios del orden público, tiene los recursos para descubrir estos delitos horribles y la dedicación para desarticular las organizaciones que les hacen daño a nuestra población, dondequiera que se encuentren".
Los cargos y alegaciones dentro de un pliego acusatorio o una denuncia son meras acusaciones; los acusados se consideran inocentes hasta que, y si se demuestra, su culpabilidad.
Este caso está siendo procesado por los fiscales federales auxiliares Stephen H. Wong y Alicia P. Williams.
Agencias que contribuyeron a esta investigación incluyen la Policía Estatal de Washington, la Patrulla de Autopistas de California, el Departamento de Policía de Yakima, la Oficina del Alguacil del Condado de Tulare, el Departamento de Policía de Visalia, la Oficina del Alguacil de Fresno y el Departamento de Policía de Fresno.
HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, los viajes y las finanzas internacionales se mueven. La fuerza laboral de HSI de más de 8,700 empleados consta de más de 6,000 agentes especiales asignados a 237 ciudades a través de Estados Unidos y 93 localidades en el extranjero en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial investigativa más grande del DHS en el extranjero y una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.