2 hombres mexicanos se declaran culpables por su participación en un caso de contrabando humano que resultó en muerte

LAREDO, Texas — Dos extranjeros indocumentados de México se declararon culpables el lunes por su participación en un esquema de transporte de extranjeros que resultó en una muerte.

Este caso fue investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) con la asistencia de la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El 10 de septiembre, la juez federal de distrito Marina García Marmolejo aceptó las declaraciones de culpabilidad de Mario Emiliano Herrera y Julio César López Niño, ambos de 19 años y procedentes de México, por su participación en el transporte de extranjeros indocumentados, resultando en una muerte.

Según los documentos del tribunal, Emiliano Herrera y López Niño fueron arrestados originalmente el 27 de febrero de 2018, luego de que oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. los encontraron guiando a un grupo de extranjeros indocumentados a través de matorrales en Laredo. Nueve fueron últimamente detenidos, dos de ellos siendo Emiliano Herrera y López Niño. Poco tiempo después, la policía descubrió que uno de los extranjeros se había desmayado, había sido dejado atrás y este intentó rastrear las huellas del grupo sin éxito.

El 7 de marzo, el encargado de un rancho les notificó a las autoridades que un cuerpo había sido encontrado en la propiedad sólo 1.5 millas norte del Río Grande. El hombre fallecido fue identificado como integrante del grupo que Emiliano Herrera y López Niño guiaron. Según testigos, la víctima ya no podía seguir el paso del grupo, momento en el cual López Niño lo pateó repetidamente y lo dejó atrás.

La Jueza Marmolejo aún no ha pautado una fecha para la audiencia de sentencia. Tanto Emiliano Herrera como López Niño enfrentan hasta cadena perpetua en prisión federal y una posible multa de $250,000 cada uno. Ellos permanecen bajo custodia a la espera de la resolución de su caso penal.

La fiscal federal auxiliar Giselle S. Guerra, distrito sur de Texas, está procesando este caso.