2 miembros de cartel reciben penas de cadena perpetua por el asesinato del agente especial de ICE Jaime Zapata e intento de asesinato del agente especial de ICE Víctor Ávila

WASHINGTON – Dos nacionales mexicanos recibieron dos penas de cadena perpetua por el asesinato de un agente federal, intento de asesinato de un agente federal y otros cargos relacionados con el asesinato del agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) Jaime Zapata y el intento de asesinato del agente especial de ICE HSI Víctor Ávila el 15 de febrero de 2011 en México.

El fiscal general adjunto interino Kenneth A. Blanco de la División Penal del Departamento de Justicia, la fiscal federal Jessie K. Liu del Distrito de Columbia, el director adjunto de la División de Investigaciones Penales de la FBI Stephen E. Richardson y el director interino de ICE Thomas D. Homan hicieron el anuncio.

Los acusados, José Emanuel García Sota, conocido como Juan Manuel Maldonado Amezcua y apodado “Zafado”, 36, de San Luis Potosí, México y Jesús Iván Quezada Piña, conocido como “Loco”, de Matamoros, México se encuentran entre los siete nacionales mexicanos que fueron extraditados a los Estados Unidos bajo cargos federales en este caso. Ellos fueron encontrados culpables por un jurado el 27 de julio en el tribunal federal de distrito para el Distrito de Columbia; condenados por el Honorable Royce C. Lamberth.

“Los agentes especiales de HSI Jaime Zapata y Víctor Ávila se encontraban en México para proteger y servir a nuestro país cuando fueron emboscados por estos despiadados criminales, quienes ahora pasarán el resto de sus vidas en una celda”, dijo el fiscal general adjunto interino Blanco. “Este caso sirve como recordatorio, de que si le hace daño a un agente federal, el Gobierno de los Estados Unidos lo buscará hasta los confines de la tierra para asegurarse de que sea llevado ante la justicia”.

“Los agentes especiales Zapata y Ávila se dedicaron a la policía federal”, dijo la fiscal federal Liu. “Mientras trabajaban en nombre de nuestro país, ellos fueron abatidos a tiros en un intento de robo de vehículo a mano armada por miembros de escuadrones de asesinos del cartel narcotraficante Los Zetas. Nunca nos hemos olvidado de lo que le ocurrió a estos dos héroes estadounidenses en esa emboscada en una autopista mexicana hace más de seis años atrás. Las penas de esta semana reflejan nuestra determinación de proteger a agentes estadounidenses en el extranjero y llevar ante la justicia a aquellos que les hagan daño”.

“Las penas de esta semana contra aquellos responsables del asesinato del agente especial de ICE Jaime Zapata y el intento de asesinato del agente especial Víctor Ávila son el consuelo y la justicia por la que hemos trabajado desde que comenzamos nuestra investigación”, dijo el director adjunto de la FBI Richardson. “Cualquier ataque contra un agente federal sirviendo a su país es profundamente personal para nosotros y la investigación de dichos ataques sigue siendo una prioridad fundamental para la FBI. Le deseo dar las gracias a todos nuestros socios del orden público y nuestros colegas en la fiscalía federal para el Distrito de Columbia por su trabajo incansable para concluir este caso exitosamente y asegurar estas penas”.

García Sota y Quezada Piña fueron encontrados culpables de cuatro delitos federales: asesinato de un agente o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de un agente o empleado de los Estados Unidos; intento de asesinato de una persona protegida internacionalmente; además de utilizar, portar, blandir y disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia causando la muerte. Los veredictos fueron emitidos tras un juicio que comenzó el 10 de julio en el tribunal de distrito federal del Distrito de Columbia, durante el cual el Gobierno presentó testimonio de 22 testigos, incluyendo el agente especial Ávila.

Según la evidencia presentada en el juicio por el Gobierno, tanto García Sota como Quezada Piña eran miembros de escuadrones de asesinos de Los Zetas, o “estacas”, y se encontraban cumpliendo una misión el día de los tiroteos para robar vehículos para su uso en operaciones del cartel. La tarde del 15 de febrero de 2011, García Sota y Quezada Piña se encontraban entre un grupo de miembros del cartel que atentaron contra un vehículo blindado modelo Chevrolet Suburban, el cual llevaba matrículas diplomáticas y era conducido por los agencies especiales en una autopista muy transitada en el sur de San Luis Potosí. El agente especial Zapata y el agente especial Ávila se encontraban en misión oficial, dirigidos hacia el sur de la Ciudad de México, cuando ocurrió el ataque. Durante la emboscada, los miembros del cartel dispararon hacia el vehículo de los agentes con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. El agente especial Zapata, 32, murió a tiros, mientras que el agente especial Ávila, en ese entonces de 38 años de edad, fue herido. Los investigadores luego encontraron aproximadamente 90 casquillos de bala en la escena, según la evidencia presentada en el juicio.

Otros cinco acusados, todos nacionales mexicanos, se habían declarado culpables previamente de cargos federales en este caso y recibirán sus penas mañana. Rubén Darío Venegas Rivera, conocido como “Catracho”, 29; José Ismael Nava Villagrán, conocido como “Cacho”, 35; Julián Zapata Espinoza, conocido como “Piolín”, 36 y Alfredo Gastón Mendoza Hernández, conocido como “Camarón”, 34, se declararon culpables de cargos federales de asesinato e intento de asesinato entre agosto de 2011 y octubre de 2016. El quinto acusado, Francisco Carbajal Flores, conocido como “Dálmata”, 42, se declaró culpable en enero de 2012 de conspiración para gestionar los asuntos de una empresa mediante un patrón de actividades de chantaje/crimen organizado y de actuar como encubridor/cómplice después de la comisión del asesinato e intento de asesinato de los agentes de ICE. Todos los acusados son nacionales mexicanos, con la excepción de Venegas Rivera, quien es de Honduras.

Este caso fue investigado por la FBI, con ayuda sustancial de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Administración para el Control de Drogas; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.; el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. El Gobierno de México brindó asistencia sustancial durante las etapas de investigación y enjuiciamiento del caso.

El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Michael C. DiLorenzo y Fernando Campoamor-Sánchez de la Sección de Seguridad Nacional de la fiscalía federal para el Distrito de Columbia y los abogados litigantes David Karpel y Karen Seifert de la Sección de Crimen Organizado y Pandillas y de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal. La antigua jefa adjunta auxiliar Andrea Goldbarg de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas y la fiscal federal adjunta Jocelyn Ballantine de la fiscalía federal también sirvieron como miembros del equipo de enjuiciamiento en las fases iniciales de la litigación. La División Penal de la Oficina de Asuntos Internacionales también ha brindado asistencia considerable.

Otros que brindaron asistencia incluyen a la defensora de víctimas y testigos Yvonne Bryant, la coordinadora de servicios para víctimas y testigos Tonya Jones, paralegal especialista Mac Caille Petursson y el becario Jake Yelin de la fiscalía federal y la paralegal especialista Alejandra Arias de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas.