Antiguo gobernador de un estado mexicano extraditado al sur de Texas desde Italia
El acusado es buscado por alegaciones de extorsión/chantaje, contrabando de drogas, lavado de activos y fraude bancario
Créditos fotográficos: Imagen a la izquierda, Brownsville Herald - imagen a la derecha, El Nuevo Heraldo
BROWNSVILLE, Texas — El antiguo gobernador del estado mexicano Tamaulipas, y antiguo candidato para la presidencia de México, fue extraditado a los Estados Unidos desde Italia el viernes y acusado de extorsión/chantaje, contrabando de drogas, lavado de activos y fraude bancario.
La extradición y las formulaciones de cargos son el resultado de una investigación por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CID, por sus siglas en inglés) y la FBI.
La extradición fue anunciada por los fiscales federales Ryan K. Patrick, distrito sur de Texas y John Bash, distrito oeste de Texas.
Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.
“ICE HSI persigue agresivamente a organizaciones criminales transnacionales que presentan una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU., incluyendo a funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para contribuir más a las actividades ilícitas”, dijo Shane Folden, agente especial encargado de HSI San Antonio. “ICE HSI está comprometido con mantener el estado de derecho e investigar a aquellos involucrados en actividad criminal y dedicados a traer las ganancias ilícitas de estos delitos a EE. UU.”
Según documentos del tribunal, en abril de 2017, Yarrington fue capturado en Italia mientras viajaba bajo un nombre ficticio, utilizando un pasaporte y otros documentos de identificación falsos. Él fue tomado bajo custodia mediante una orden de arresto provisional, basada en una formulación de cargos entregada en mayo de 2013. Yarrington rebatió la extradición, pero un tribunal italiano recientemente aprobó su extradición a los Estados Unidos.
Él fue acusado tras una investigación que duró varios años. La formulación de cargos alega que Yarrington y Fernando Alejandro Cano Martínez, 62, dueño de una empresa constructora, conspiraron para violar las provisiones de la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés). Los dos hombres también fueron acusados de conspiración para lavar activos, conspiración para defraudar y conspiración para hacer declaraciones falsas ante bancos estadounidenses asegurados por el gobierno federal.
“Este caso resalta el impacto que múltiples agencias pueden tener cuando unen fuerzas. La DEA, ICE HSI, IRS-CID y FBI, junto con nuestros socios del orden público estatales, locales e internacionales, continuarán trabajando juntos y persiguiendo a aquellos que amenacen nuestro país mediante el contrabando y distribución de drogas ilegales y peligrosas tales como la cocaína”, dijo Glaspy. “Esta extradición envía un mensaje global de que aquellos acusados de aprovecharse de sus posiciones políticas para el narcotráfico y para llevar a cabo otras actividades criminales serán llevados ante la justicia”.
“Esta investigación tomó a la policía más allá de su papel tradicional en delitos financieros”, dijo Tsui. “La captura de Tomás Yarrington Ruvalcaba resalta el compromiso de IRS-CID de ayudar a nuestros socios policiales, tanto extranjeros como domésticos, y seguir el rastro del dinero a través del mundo para desencadenar esta y otras investigaciones financieras complejas”.
Yarrington también está siendo acusado separadamente de una conspiración para violar las provisiones de la Ley de Sustancias Controladas, dos cargos de fraude bancario y conspiración para estructurar transacciones de divisas en una institución financiera doméstica. Por otra parte, Cano está siendo acusado separadamente de tres cargos de fraude bancario.
Yarrington sirvió como gobernador de Tamaulipas desde 1999 hasta 2004. Tamaulipas está ubicado a lo largo de la frontera sur entre los Estados Unidos y México, directamente a través de Brownsville y Laredo.
Según la formulación de cargos, empezando aproximadamente en 1998, Yarrington presuntamente recibió grandes sobornos de importantes narcotraficantes que operaban en Tamaulipas, incluyendo el Cartel del Golfo. A cambio, Yarrington presuntamente les permitió operar libremente su empresa a gran escala de múltiples toneladas de droga, la cual incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas hacia los Estados Unidos para su distribución. Desde 2007 hasta 2009, Yarrington presuntamente se involucró en el contrabando de grandes cantidades de cocaína mediante el puerto de Veracruz a los Estados Unidos
Además, se alega que Yarrington también recibió sobornos de operaciones comerciales en México. Cano operaba Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., una empresa constructora en Tamaulipas que recibió contratos importantes de obras públicas durante el término de gobernación de Yarrington. La formulación de cargos alega que Cano, a cambio, le pagó sobornos a Yarrington, incluyendo la adquisición de bienes inmuebles bajo nombres ficticios para él. Más aún, la formulación de cargos alega que Yarrington también recibió control sobre fondos públicos robados a finales de 2004. Porciones de estos fondos fueron presuntamente utilizados para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, $300,000 fueron transferidos a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Otra porción de los presuntos fondos robados, $5 millones de pesos mexicanos, fueron transferidos a Cano en la primavera de 2005.
Registros del tribunal también alegan que comenzando aproximadamente en 1998, Yarrington, y luego Cano, se involucraron en la adquisición de activos valiosos en los Estados Unidos, utilizando nombres y entidades comerciales ficticias establecidas a partir de 2005 para ocultar al verdadero propietario de los activos. Los activos incluyeron cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes inmuebles en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos mediante préstamos fraudulentos de bancos en Texas. Más aún, esas cuentas bancarias abiertas con nombres ficticios en bancos de Texas también fueron utilizadas para recibir y distribuir dinero para asumir los gastos continuos de los bienes, tales como costos de préstamos y cuotas de condominios.
La formulación de cargos identifica a numerosas entidades ficticias específicas involucradas en el esquema, cada una de las cuales presuntamente solicitó préstamos fraudulentos de múltiples millones de dólares en bancos de Texas, los cuales Cano garantizó personalmente. La formulación de cargos detalla un total de más de $7 millones en transferencias a las cuentas estadounidenses de las entidades ficticias.
Entidades adicionales fueron creadas y utilizadas para solicitar otros préstamos para financiar la compra de otros bienes, según la formulación de cargos. Numerosas transacciones de divisas fueron realizadas en el Banco First National, con sede en Edinburg, Texas, de una manera estructurada en cantidades de o menos de $10,000 para evadir la presentación de Informes de Transacciones Monetarias por el banco.
Cano no se encuentra bajo la custodia de los Estados Unidos y una orden para su arresto sigue pendiente. Se le pide a cualquier persona con información sobre su paradero que contacte a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional al 956-542-5811. Personas llamando desde México deben llamar al 001-800-010-5237.
Cada uno de los cargos bajo la Ley RICO y de lavado de activos conlleva penas de hasta 20 años de prisión, mientras que conspiración para cometer fraude bancario conlleva un posible castigo de hasta 30 años. Los cargos de conspiración de drogas conllevan una pena de prisión de al menos 10 años. Los cargos de estructuración de divisas conllevan una posible pena de cinco años de prisión.
La formulación de cargos también incluye un aviso de decomiso. Algunos de los bienes identificados en la formulación de cargos ya han sido incautados y decomisados por los Estados Unidos en acciones de decomiso civiles durante el transcurso de la investigación, incluyendo aproximadamente 46 acres en el condado de Bexar, un condominio en la Isla South Padre, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.
La investigación que condujo a la formulación de cargos ha estado siendo realizada por el Grupo de Trabajo Policial contra Drogas y Crimen Organizado en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Cristi y Nueva York y ha incluido a agentes y oficiales de ICE HSI, DEA, IRS-CID, FBI y la fiscalía general de Texas. El Gobierno de Estados Unidos también reconoce con gratitud la ayuda significativa recibida del Gobierno de México durante el transcurso de esta investigación, incluyendo el intercambio de evidencia y pericia. Además, los Estados Unidos reconoce al Servicio de Alguaciles de EE. UU., ICE HSI Roma, la policía italiana y el Gobierno italiano por su asistencia en la extradición de Yarrington.
Los fiscales federales auxiliares Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt y Jon Muschenheim, distrito sur de Texas, están procesando este caso.
Una formulación de cargos es una acusación formal por conducta criminal, no evidencia. Un acusado se presume inocente hasta que y si es condenado mediante el debido proceso de ley.
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