Dueño de negocio de defensa migratoria en Los Ángeles sentenciado a más de cinco años en prisión por fraude migratorio
LOS ANGELES – El dueño y operador de un negocio conocido como la Coalición Latinoamericana Internacional (CLI), basado en Los Ángeles, fue sentenciado el miércoles a cinco años y dos meses en prisión estatal tras declararse culpable de delitos graves que involucran robo mayor, intento de perjurio y conspiración para violar la Ley de Consultores de Inmigración.
Oswaldo Rafael Cabrera, 48, fue acusado originalmente en diciembre de 2016 de 22 cargos criminales, incluyendo robo mayor, intento de robo mayor, intento de perjurio y conspiración para ejercer ilegalmente como abogado. Su esposa, María Marcelina Rodas, 54, quien también fue condenada en el caso, fue sentenciada a tres años de libertad condicional por un delito grave por conspirar para violar la Ley de Consultores de Inmigración.
Luego de presentar la denuncia penal inicial, más víctimas se dieron a conocer y, el 14 de febrero, la fiscalía general presentó una denuncia enmendada alegando 36 cargos graves y dos aumentos de penas.
“Aprovecharse de los más vulnerables es reprensible,” dijo el fiscal general de California Xavier Becerra. “La condena de hoy advierte a otros que pudiesen desear llevar a cabo estos crímenes—y les deja saber a las familias inmigrantes trabajadoras que nuestra oficina los respalda.”
Los cargos son el resultado de una investigación multiagencial llevada a cabo en conjunto por la fiscalía general de California; la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés se) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles. La Oficina de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos también ayudó en la investigación.
“Este caso debe darle pausa a practicantes de inmigración sin escrúpulos que se benefician del ofrecimiento de falsas esperanzas a personas que están desesperadas por adquirir el sueño americano,” dijo Joseph Macias, agente especial a cargo de HSI Los Ángeles. “HSI continuará trabajando estrechamente con sus asociados locales y federales para asegurarse de que aquellos que acechan sin piedad a miembros vulnerables de la comunidad de inmigrantes rindan cuentas por sus actos.”
La investigación reveló que Cabrera se hizo pasar como abogado y ofreció consultas y servicios legales, cobrando hasta USD $9,000. A pesar de carecer acreditación o una licencia para ejercer como abogado, Cabrera se hizo pasar como un abogado de inmigración y experto con una trayectoria comprobada ayudando a inmigrantes en los principales medios de comunicación tanto convencionales como en los medios de habla hispana. El acusado utilizó su perfil destacado para ofrecer servicios a clientes, a los que entonces engañó.
Cabrera engañó repetidamente a sus víctimas sobre el estatus de sus casos, las desinformó sobre su elegibilidad para recibir beneficios de inmigración y completó formularios de inmigración inapropiadamente mientras seguía recibiendo dinero de sus víctimas. Cabrera también ignoró o les mintió a sus víctimas en un intento de rehuir reembolsos, a veces por miles de dólares, mientras negaba cualquier irregularidad. En algunas instancias, la manera en que Cabrera manejó casos de inmigración tuvo consecuencias irreparables, resultando en la deportación de familiares de las víctimas.
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