ICE presenta orden de retención contra nacional mexicano arrestado por violación sexual de un niño
ST. GEORGE, Utah – La Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden de retención el 19 de junio contra un nacional mexicano acusado de violación sexual de un niño y agresión sexual con agravante contra un niño.
Roberto García Madrigal, 47, se entregó a sí mismo a la policía el 3 de junio luego de que un juez en el condado de Weber emitiese una orden para su arresto por cargos de violación sexual, sodomía y abuso sexual con agravante de un niño. La orden de retención, presentada en St. George, fue emitida en respuesta a su arresto.
García Madrigal sostiene haber ingresado a Estados Unidos en algún momento en 1975 y no tiene ningún otro antecedente migratorio documentado.
García Madrigal tiene arrestos de varios estados, comenzando en 1989 por robo de vehículos a gran escala y posesión de armas y a través de los años 90 por posesión de cocaína, allanamiento de morada con fines de robo, más cargos relacionados con armas y recibir propiedad robada.
ICE presenta órdenes de retención contra individuos que han sido arrestados por cargos penales y de quienes ICE posee causa probable para creer que son extranjeros deportables. Una orden de retención le solicita a otra agencia del orden público a notificarle a ICE sobre una liberación por adelantado y a mantener a un extranjero bajo custodia por un corto periodo de tiempo a fin de que ICE pueda asumir custodia de este en un ambiente seguro y protegido tras su liberación de la custodia de esa agencia. Cuando agencias del orden público respetan órdenes migratorias de retención, esto garantiza la habilidad de ICE de proteger la seguridad pública y realizar su misión.
ICE focaliza sus recursos limitados, ante todo, contra aquellos que presentan la mayor amenaza para la seguridad pública y seguridad fronteriza y no se dirige contra extranjeros indiscriminadamente; la agencia realiza investigaciones y recopila inteligencia sobre individuos específicos a fin de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Los objetivos son frecuentemente aquellos que son arrestados por cargos penales locales o han mostrado un desacato flagrante de las leyes migratorias estadounidenses. Las estadísticas de arresto de la agencia reflejan esto claramente. A nivel nacional, aproximadamente 86 por ciento de todas las personas arrestadas por ICE durante el año fiscal 2019 tenían una condena penal, un cargo penal pendiente, habían reingresado ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido removidas previamente (un cargo grave) o eran prófugos de inmigración sujetos a una orden final de remoción emitida por un juez.
En la mayoría de los casos, una vez estos delincuentes que se encuentran a la espera de enjuiciamiento penal son trasladados a ICE o de otra manera entran a la custodia de ICE, ICE trabaja con el fiscal y autoridades del orden público (tales como la fiscalía de distrito y la oficina del alguacil relevante) para garantizar que estos delincuentes comparezcan en todos los procedimientos judiciales penales. Esta cooperación entre fiscales de distrito y ICE incluye el traslado de custodia de extranjeros mientras sea necesario mediante "peticiones de hábeas corpus" para proseguir un enjuiciamiento penal y garantizar que el extranjero sea regresado a la custodia de ICE una vez los procedimientos concluyan. Dichas peticiones también pueden ser utilizadas para garantizar que extranjeros bajo la custodia de ICE comparezcan en el tribunal como testigos.
Extranjeros procesados para remoción pueden recibir su debido proceso de ley por jueces federales de inmigración en tribunales de inmigración, los cuales son administrados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés). EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia de EE. UU. y es un organismo separado del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y de ICE. Oficiales de ICE ponen en práctica las decisiones de remoción hechas por los jueces federales de inmigración.