Propietario de cadena de noticias de televisión venezolana es acusado en presunto plan de lavado de dinero por $1.2 billones tras investigación de HSI Miami

MIAMI — Un caso de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Miami dio como resultado que el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana fuese acusado a nivel federal por su papel en un plan de $1.2 billones para blanquear fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.

Según documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Raúl Gorrín Belisario —56 años, de Venezuela— conspiró con otros para blanquear las ganancias de un plan de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos de préstamos de cambio de divisas extranjeras con PDVSA. Posteriormente, Gorrín y sus cómplices dirigieron el lavado de dinero de las ganancias ilícitas, en parte, en el Distrito Sur de Florida, donde compraron propiedades inmuebles, yates y otros artículos de lujo. Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y los fondos ilícitos, Gorrín y sus cómplices utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero.

“Esta acción por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, trabajando para combatir actividades ilegales globales con nuestros socios internacionales y nacionales, defiende significativamente el estado de derecho”, dijo la directora ejecutiva adjunta de HSI, Katrina W. Berger. “Este caso demuestra la presencia global de HSI y nuestro compromiso de frenar el flujo de fondos ilícitos mientras hacemos cumplir las sanciones estadounidenses. También sirve como un crudo recordatorio de que el crimen y la corrupción no serán tolerados”.

“Según la acusación formal, Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros de alto rango para asegurar más de $1 billón en ganancias ilícitas, los cuales Gorrín y sus cómplices utilizaron para comprar yates y otros artículos de lujo en Estados Unidos”, dijo la vicefiscal general principal auxiliar Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida con garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias ilícitas”.

“Este caso representa el compromiso continuo del Distrito Sur de Florida de combatir la corrupción extranjera y responsabilizar a quienes subvierten la integridad del sistema financiero estadounidense por sus delitos”, dijo el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe. “Nuestra oficina continuará colaborando con los Equipos de Trabajo para el Control de las Drogas y el Crimen Organizado para identificar, desestabilizar y enjuiciar a quienes blanquean dinero para facilitar la corrupción y llevar a cabo sus planes nefastos”.

Gorrín está siendo acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si es declarado culpable, Gorrín enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión. Gorrín, quien es prófugo en un caso en el que se le acusa por separado, sigue en la fuga.

El Equipo de Trabajo El Dorado de HSI Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades del Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta ofrecieron asistencia.

El abogado litigante Paul A. Hayden de la Sección de Fraude de la División Penal y la fiscal federal auxiliar Nalina Sombuntham para el Distrito Sur de Florida están procesando el caso. El fiscal federal auxiliar Joshua Paster para el Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.

Este esfuerzo es parte de una operación de los Equipos de Trabajo para el Control de las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). Los OCDETF identifican, desestabilizan y desarticulan organizaciones criminales del más alto nivel que amenazan a Estados Unidos mediante un planteamiento multiagencial, encabezado por fiscales e impulsado por inteligencia.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero.

Puede encontrar más información sobre las iniciativas de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act (en inglés).

Un pliego acusatorio es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

HSI es la rama investigativa principal del DHS, responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, los viajes y las finanzas internacionales se mueven. La fuerza laboral de HSI consta de más de 10,000 empleados, asignados a 235 oficinas dentro de Estados Unidos y 93 localidades en el extranjero en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial investigativa más grande del DHS en el extranjero y una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.