Se ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de funcionario venezolano investigado por HSI
WASHINGTON — El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena del nacional venezolano Maikel José Moreno Pérez, tras múltiples investigaciones por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias estadounidenses. Como parte del anuncio, Moreno Pérez y su esposa son inelegibles indefinidamente para reingresar a Estados Unidos. Estas acciones reafirman el compromiso de Estados Unidos con combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional en Venezuela.
Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
"HSI permanece comprometida con investigar funcionarios corruptos tales como Moreno Pérez, quien explotó el sistema judicial venezolano para su beneficio personal y blanqueó en Estados Unidos ganancias obtenidas ilícitamente", dijo Alysa D. Erichs, directora asociada ejecutiva interina de HSI. "HSI acoge con satisfacción el anuncio por parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado y ve esto como un paso importante para garantizar que Moreno Pérez enfrente la justicia por los delitos que él presuntamente cometió".
La denuncia alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la confiscación y venta de una planta automotriz de General Motors, con un valor estimado de $100 millones a cambio de una comisión personal de las ganancias. De manera similar, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la desestimación de cargos o la liberación de venezolanos, incluyendo uno acusado en un esquema de fraude multibillonario contra la empresa petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia penal, en o alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez les dijo a autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que él ganaba el equivalente de alrededor de $12,000 al año de su trabajo en Venezuela. Desde 2012 hasta 2016, los registros bancarios estadounidenses del acusado muestran aproximadamente $3 millones en depósitos en las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias redondas en dólares de empresas fantasma con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Cómplice 1, quien es un antiguo abogado de defensa criminal en Venezuela que controla actualmente una empresa venezolana de medios de comunicación.
Los registros bancarios del acusado presuntamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente $3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, registros bancarios presuntamente muestran que Moreno Pérez gastó alrededor de $1 millón en una avioneta privada y un piloto privado, más de $600,000 en compras con tarjetas de crédito o débito principalmente en tiendas en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, tales como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de $50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura y aproximadamente $40,000 en pagos a un director venezolano de certámenes de belleza.
La oficina de campo de Miami de HSI realizó la investigación. El fiscal federal auxiliar Michael N. Berger del distrito sur de Florida está supervisando el enjuiciamiento.
Sobre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE
HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional y un recurso vital de EE. UU. en la lucha contra las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas financieros, de transporte, comercio e inmigración de Estados Unidos. A través del país y alrededor del mundo, HSI utiliza sus autoridades únicas y amplias para investigar todo tipo de delito transfronterizo, incluyendo lavado de activos, fraude y estafas financieras; narcotráfico; explotación infantil; pandillas transnacionales; fraude de identidad y beneficios; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; contrabando humano y trata de personas; traslados ilícitos de tecnología; tráfico de armas; terrorismo y amenazas para la seguridad nacional; violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra; y ciberdelitos.
Con más de 8,500 agentes especiales y analistas de inteligencia asignados a más de 200 ciudades a lo largo de Estados Unidos y más de 80 oficinas en 53 países alrededor del mundo, HSI es un socio clave de organizaciones del orden público locales, estatales, federales y extranjeras alrededor del mundo.
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