15 actuales, antiguos funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales

NUEVA YORK – Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.

"El régimen venezolano, una vez encabezado por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción", dijo el fiscal general Barr. "Por más de 20 años, maduro y un número de colegas de alto rango presuntamente conspiraron con la FARC, causando que toneladas de cocaína entraran y devastaran comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se focaliza en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano —un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los más altos niveles del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Suramérica ni para avanzar sus esquemas criminales".

"Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por operar, junto con sus altos tenientes, una alianza narcoterrorista con la FARC por los pasados 20 años", dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman. "El alcance y magnitud del presunto narcotráfico fue hecho posible sólo porque Maduro y otros corrompieron a las instituciones de Venezuela y ofrecieron protección política y militar para los delitos narcoterroristas rampantes descritos en nuestros cargos. Como se alega, Maduro y los otros acusados expresamente pretendieron inundar a Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro desplegó muy deliberadamente la cocaína como un arma. Mientras Maduro y otros miembros de carteles poseían grandes títulos en el liderazgo político y militar de Venezuela, la conducta descrita en la formulación de cargos no era de gobernar ni servicio para la gente venezolana. Como se alega, los acusados traicionaron a la gente venezolana y corrompieron a las instituciones venezolanas para llenar sus bolsillos con dinero de drogas".

HSI Miami

Maikel José Moreno Pérez, 54, el presidente actual del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con el presunto recibo o intento de recibir decenas de millones de dólares y sobornos para manipular ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

La denuncia alega, por ejemplo, que el acusado autorizó el decomiso y la venta de una planta de automóviles General Motors con un valor estimado de $100 millones a cambio de un porcentaje personal de las ganancias. Similarmente, la denuncia alega que el acusado recibió sobornos para autorizar la liberación o desestimación de cargos contra venezolanos, incluyendo uno acusado de un esquema de fraude de múltiples billones de dólares contra la empresa estatal de petróleo de Venezuela.

Según la denuncia penal, en alrededor de octubre de 2014, Moreno Pérez les dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que él ganaba el equivalente de aproximadamente $12,000 al año de su trabajo en Venezuela. Desde 2012 hasta 2016, los registros bancarios estadounidenses del acusado muestran aproximadamente $3 millones en flujos a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias en dólares de corporaciones fantasma con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Coautor 1 ("Co-Conspirator 1"), quien es un antiguo abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una empresa de medios en Venezuela.

Como es descrito en la denuncia penal, los registros bancarios del acusado presuntamente muestran que desde 2012 hasta 2016, el acusado gastó aproximadamente $3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, registros bancarios presuntamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $1 millones en un avión privado y un piloto privado, más de $600,000 en compras con tarjetas de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbor, tales como Prada y Salvatore Ferragamo), aproximadamente $50,000 en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura y aproximadamente $40,000 en pagos a un director de concursos de belleza venezolano. La oficina de campo de HSI Miami realizó la investigación. El fiscal federal auxiliar Michael N. Berger del distrito sur de Florida está a cargo del enjuiciamiento.

HSI New York

Una formulación de cargos sustitutiva separada publicada el jueves en el distrito sur de Nueva York acusa a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45, vicepresidente para la economía de Venezuela; Joselit Ramírez Camacho, 33, superintendente de la criptomonedas de Venezuela (Sunacrip) y a Samark López Bello, 45, un empresario venezolano, de una serie de delitos relacionados con esfuerzos para evadir sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra Maduro Moros, El Aissami Maddah y López Bello.

La formulación de cargos alega que, desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami Maddah y Ramírez Camacho trabajaron con personas de Estados Unidos y entidades basadas en Estados Unidos para ofrecer servicios de vuelos privados para el beneficio de la campaña presidencial de 2018 de Maduro, en violación de las sanciones de OFAC dirigidas contra Maduro luego de que el organizará elecciones para la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que Cabello Rondón ahora encabeza.

ICE HSI añadió a El Aissami y su asociado López a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos a finales de 2019. Las acciones ocurrieron tras sanciones administrativas de OFAC que condujeron a sus designaciones especiales como narcotraficantes en 2017, cargos penales presentados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York a principios de 2019 y una investigación por parte de HSI Nueva York El Dorado.

Como se alega en la formulación de cargos publicada el jueves, Ramírez, trabajando con El Aissami y López, abusó de su poder como superintendente de la criptomoneda de Venezuela para violar sanciones estadounidenses y solidificar el control ilegal de Venezuela por parte de Maduro. Los tres individuos son actualmente prófugos de la justicia.

El Aissami, un ciudadano y nacional de Venezuela, es el antiguo vicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual ministro de industria y producción nacional. Él sirvió previamente como gobernador del estado de Aragua en Venezuela desde 2012 hasta 2017, como también ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz de Venezuela comenzando en 2008.

Según las notificaciones de OFAC, El Aissami recibió pagos por la facilitación de envíos de drogas que le pertenecían al capo narcotraficante venezolano Walid Makled García. Él también está vinculado a la coordinación de envíos de droga a Los Zetas, un cartel narcotraficante mexicano violento, como también ofrecerle protección al capo narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y el narcotraficante venezolano Hermagoras González Polanco. Los Zetas, Barrera Barrera y González Polanco fueron nombrados previamente como narcotraficantes especialmente designados (SDNTs, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Cabecillas por el presidente o el secretario del tesoro en abril de 2009, marzo de 2010 y mayo de 2008, respectivamente.

López Bello es un empresario venezolano y representante clave de El Aissami. López ha sido el sujeto de una persecución de un año tras la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno de Estados Unidos al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas.

Además, OFAC designó o identificó como propiedades bloqueadas a 13 empresas de las cuales López era propietario o controlaba (u otras partes designadas) que comprenden una red internacional de empresas de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y sociedades patrimoniales a través de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

López, un antiguo funcionario venezolano, también era el dueño o controlaba cinco empresas basadas en Estados Unidos que fueron bloqueadas de conformidad con las sanciones de la OFAC, con bienes valorados en aproximadamente $511 millones.

OFAC designó a El Aissami y su socio López como SDNTs de conformidad con la Ley de Cabecillas en febrero 2017 por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional. Tras las sanciones impuestas, El Aissami y López fueron acusados el 8 de marzo de 2019 ( en inglés) en el tribunal federal de Manhattan de violaciones penales de la Ley de Cabecillas. Más tarde ese año, el Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York (El Dorado) comenzó su propia investigación y ambos individuos fueron añadidos a la lista de los más buscados por HSI.

Joselit Ramírez Camacho es un funcionario del gobierno de Venezuela (GdV) con profundos vínculos políticos, sociales y económicos con múltiples capos narcotraficantes identificados, incluyendo El Aissami. Ramírez actualmente sirve como el superintendente de la criptomoneda de Venezuela (Sunacrip). Anteriormente, él sirvió como el director general de la vicepresidencia de la República de Venezuela bajo El Aissami cuando, en 2017, OFAC designó a El Aissami como un SDNT.

A consecuencia de las designaciones SDNT de OFAC, se les prohibió a personas en Estados Unidos de participar en cualquier transacción involucrando fondos o propiedad en las cuales El Aissami tenía algún interés. Esta prohibición bloqueó a personas en Estados Unidos de aceptar pagos de SDNTs. La prohibición también aplicó más ampliamente para impedir que personas en Estados Unidos les ofreciesen servicios a SDNTs; las regulaciones pertinentes específicamente prohíben servicios de transporte. La Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas de OFAC también prohibieron que individuos evadan e intenten evadir el efecto bloqueador de las designaciones de SDNTs.

La formulación de cargos sustitutiva publicada en el distrito sur de Nueva York el jueves alega que, desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami y Ramírez trabajaron con personas de Estados Unidos y entidades basadas en Estados Unidos para fletar jets privados para servicios de viaje para el beneficio de la campaña presidencial de 2018 de Maduro, en violación de las sanciones de OFAC.

El Departamento de Estado de EE. UU., mediante su Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), está ofreciendo una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de El Aissami Maddah. HSI Nueva York realizó la investigación. Este caso está siendo manejado por la Unidad Internacional contra el Terrorismo y Narcóticos de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Una formulación de cargos es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta, y si se comprueba, su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia

Sobre el Equipo de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York

El Dorado es el equipo de trabajo investigativo y de control financiero líder en el mundo, responsable de detectar, desestabilizar y desarticular redes financieras criminales transnacionales al prevenir su acceso a los sistemas financieros de Estados Unidos y erradicar el flujo de sus fondos ilícitos mediante pliegos acusatorios, arrestos e incautaciones. Dentro de El Dorado, el Grupo de Corrupción Extranjera y Sanciones está compuesto por agentes especiales, oficiales de grupos operativos y analistas de inteligencia que se dirigen en contra de e investigan agresivamente a organizaciones e individuos que amenazan la seguridad nacional, la economía y las políticas de Estados Unidos. Estas investigaciones —realizadas en coordinación con otras agencias gubernamentales estadounidenses tales como la OFAC, FinCEN, los Departamentos de Estado y Defensa de EE. UU., junto con socios policiales extranjeros— se basan en un análisis exhaustivo de todos los activos, identificaciones de sanciones y designaciones especiales que les ofrecen un camino a seguir a investigadores de HSI para atacar los flujos financieros ilícitos que apoyan y sostienen a organizaciones e individuos delincuentes alrededor del mundo. Luego, HSI emplea un enfoque investigativo polifacético que incluye operativos encubiertos internacionales, intervenciones telefónicas judicialmente autorizadas y otras técnicas investigativas sensibles para dirigirse contra estos actores estatales/no estatales que buscan explotar la seguridad económica nacional de Estados Unidos.

Sobre la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI, por sus siglas en inglés) es una rama investigativa fundamental del Departamento de Seguridad Nacional y un recurso vital de EE. UU. en la lucha contra las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas financieros, de transporte, comercio e inmigración de Estados Unidos. Esta investiga más de 400 violaciones de leyes federales, incluyendo todo tipo de actividad criminal transfronteriza involucrando explotación infantil; transacciones comerciales; fraude; delitos financieros; violaciones de los derechos humanos y contrabando humano; amenazas para la seguridad nacional y la seguridad ciudadana; terrorismo; narcotráfico, contrabando de armas y otros tipos de contrabando. Agentes especiales de ICE HSI también realizan investigaciones a fin de proteger industrias de infraestructura crítica que son vulnerables al sabotaje, ataques o explotación.

Con más de 8,500 agentes especiales y analistas de inteligencia asignados a más de 200 ciudades a lo largo de Estados Unidos y más de 60 oficinas en más de 50 países alrededor del mundo, ICE HSI trabaja muchos de sus casos junto a investigadores de la FBI, Europol, INTERPOL, junto con otras agencias del orden público locales, estatales, federales y extranjeras.

ICE le advierte al público a no intentar capturar al sujeto. Si tiene información sobre el paradero de este fugitivo, por favor contacte a: tareck.tips@ice.dhs.gov.

Nota: Los documentos del tribunal, tabla de los acusados, carteles de los que están siendo buscados, mapas de rutas de drogas y otros materiales del Departamento de Justicia pueden ser encontrados aquí.