ICE remueve a ciudadano guatemalteco por presuntas violaciones de los derechos humanos en conexión con la masacre de 1982 en Dos Erres
WASHINGTON — José Mardoqueo Ortiz Morales, quien estaba siendo buscado en su país de origen por su participación en el asesinato de cientos de civiles inocentes en Dos Erres, Guatemala, en 1982, fue entregado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a autoridades del orden público en Guatemala el viernes 7 de mayo.
Ortiz Morales —un antiguo miembro de una unidad élite del ejército guatemalteco conocida como los Kaibiles— está siendo acusado de participar en la masacre, en la cual fuerzas especiales guatemaltecas ejecutaron a 200 aldeanos desarmados, incluyendo mujeres y niños.
Autoridades guatemaltecas alegan que Ortiz Morales se encontraba entre algunos 20 Kaibiles que fueron a la remota aldea guatemalteca Las Dos Erres en busca de insurgentes responsables de la emboscada de una caravana militar cerca del área que dejó a 20 soldados muertos. Insurgentes también se llevaron 21 rifles militares. Los Kaibiles llegaron a la aldea en medio de la noche y comenzaron a buscar las armas perdidas, forzando a los residentes fuera de sus hogares para interrogarlos. Ningún rifle militar fue recuperado.
Los Kaibiles procedieron a asesinar sistemáticamente a los aldeanos, comenzando con los niños. Según testigos, a través de dos días, los Kaibiles apalearon a sus víctimas y arrojaron sus cuerpos en el pozo de la aldea. Otros fueron disparados o estrangulados; muchas mujeres y niñas fueron violadas. El poblado luego fue arrasado.
Aproximadamente 12 años después de la masacre de Dos Erres, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó el pozo de 40 pies de profundidad de la aldea y recuperaron 162 esqueletos, incluyendo 67 de niños menores de 12 años.
Los esfuerzos de la agencia para dirigirse contra los antiguos Kaibiles fueron apoyados por el Centro contra Violadores de los Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (el "Centro" o HRVWCC, por sus siglas en inglés) de ICE. Fundado en 2009 para dedicar mayores esfuerzos de ICE a la identificación, el rastreo y el enjuiciamiento de violadores de los derechos humanos en Estados Unidos, el HRVWCC aprovecha la experiencia de un grupo selecto de agentes, abogados, especialistas en inteligencia e investigación, historiadores y analistas que dirigen, de una manera más amplia, los esfuerzos policiales de la agencia contra estos delincuentes.
En agosto de 1988, Ortiz Morales ingresó a Estados Unidos; él ajustó su estatus de residente permanente legal el 1 de diciembre de 1990. Agentes especiales de HSI Baltimore le entregaron una notificación de comparecencia a Ortiz Morales basándose en su investigación, la cual reveló violaciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y declaraciones falsas sobre su participación en abusos de los derechos humanos. Ortiz Morales se declaró culpable y, el 8 de septiembre de 2017, el Tribunal Federal de Distrito en Maryland lo condenó a 11 meses y medio por intentar obtener su naturalización ilegalmente.
Tras cumplir su pena, la Oficina del Asesor Jurídico Principal, Baltimore, inició los procedimientos de remoción contra Ortiz Morales. El 13 de noviembre de 2019, un juez de inmigración ordenó que Ortiz Morales fuese removido de Estados Unidos a Guatemala y, el 30 de marzo de 2021, la Junta de Apelaciones de Casos de Inmigración desestimó su apelación de la orden del juez de inmigración.
Ortiz Morales es el quinto participante en la masacre de Dos Erres viviendo en Estados Unidos objetivo de ICE para acción policial.
ICE removió previamente a tres participantes de la masacre Dos Erres de Estados Unidos a Guatemala para enfrentar cargos por crímenes de guerra. El primero, Pedro Pimentel Ríos, fue removido en 2011 y, el 12 de marzo de 2012, fue condenado por su participación en la masacre y condenado a 6,060 años en prisión. El segundo, Santos López Alonzo, fue removido a Guatemala el 10 de agosto de 2016 y, el 21 de noviembre de 2018, fue condenado a 5,160 años en prisión. El tercero, Gilberto Jordán, fue removido a Guatemala el 3 de marzo de 2020. Por otra parte, ICE removió a Jorge Sosa Orantes el 19 de octubre de 2020 luego de que él completase su pena de prisión federal de 10 años por fraude de naturalización.
Desde 2003, ICE ha arrestado a más de 468 individuos por violaciones relacionadas con los derechos humanos bajo varios estatutos penales y/o migratorios. Durante ese mismo período, ICE obtuvo órdenes de deportación en contra de y removió físicamente a más de 1,070 conocidos o presuntos violadores de los derechos humanos de Estados Unidos. Además, ICE ha facilitado la partida de otros 174 tales individuos de Estados Unidos.
Actualmente, HSI tiene más de 170 investigaciones activas sobre presuntos violadores de los derechos humanos y continúa dándole seguimiento a más de 1,700 pistas y casos de remoción involucrando a violadores de los derechos humanos de 95 países diferentes. Desde el 2003, el HRVWCC ha emitido más de 77,000 órdenes de vigilancia contra individuos procedentes de más de 110 países e impedido que más de 340 violadores de los derechos humanos y sospechosos de haber cometido crímenes de guerra ingresaran a Estados Unidos.
Se les urge a miembros del público que tengan información sobre nacionales extranjeros que se sospecha han participado en violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra que contacten a la Línea para Pistas de ICE al 1-866-DHS-2423 (1-866-347-2423). Personas que llamen pueden permanecer anónimas. Para aprender más sobre asistencia disponible para las víctimas en estos casos, el público debe llamar al número gratuito y confidencial para víctimas/testigos de ICE al 1-866-872-4973.
ICE continúa implementando prioridades provisionales de control migratorio civil pautadas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) para focalizar sus recursos limitados en amenazas para la seguridad nacional, fronteriza y pública. ICE continúa ejerciendo su deber de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos de conformidad con la misión de seguridad nacional y pública del Departamento.