Joaquín "El Chapo" Guzmán encontrado culpable de todos los cargos en tribunal estadounidense

BROOKLYN, N.Y. — Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el cabecilla del cartel de Sinaloa, también conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado el martes por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel de Sinaloa. Guzmán Loera fue condenado de todos los 10 cargos de un pliego acusatorio sustitutivo, incluyendo cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer lavado de activos. El veredicto fue dictado tras un juicio de 12 semanas en un tribunal de distrito federal. Cuando sea sentenciado, Guzmán enfrentará una pena obligatoria de cadena perpetua.

Esta condena se produce tras una investigación, la cual condujo a su extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos, por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y Arizona, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con la asistencia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés), la FBI y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El caso de ICE HSI Nueva York fue manejado por su Equipo de Trabajo El Dorado.

La Evidencia en el Juicio

Como fue comprobado en el juicio, Guzmán Loera era el líder principal del cartel de Sinaloa, una organización narcotraficante internacional basada en México responsable de la importación y distribución de grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína hacia y en los Estados Unidos. La evidencia en el juicio —incluyendo testimonio de 14 testigos cooperantes; incautaciones de narcóticos de más de 130,000 kilogramos de cocaína y heroína; armas, incluyendo AK-47s y un lanzador de granadas propulsado por cohetes; libros de contabilidad; mensajes de texto; videos; fotografías y grabaciones interceptadas— describió en detalle las actividades de narcotráfico de Guzmán Loera y sus coautores a lo largo de un periodo de 25 años, desde enero de 1989 hasta diciembre de 2014. Guzmán Loera fue denominado repetidamente por testigos como uno de los cabecillas del cartel de Sinaloa.

Guzmán Loera supervisó el contrabando de narcóticos a distribuidores mayoristas en Arizona, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York y en otros lugares. Los billones de dólares ilícitos generados por las ventas de drogas en los Estados Unidos luego eran transportados clandestinamente de regreso a México. Guzmán Loera también utilizó sicarios, quienes llevaron a cabo cientos de actos de violencia en México para ejercer el control de Sinaloa sobre territorios y para eliminar a aquellos que presentaban una amenaza para el cartel de Sinaloa.

Narcotráfico

Durante la conspiración de narcotráfico que duró décadas, el cartel de Sinaloa transportó decenas de miles de kilogramos de narcóticos desde Centro y Suramérica para su distribución en los Estados Unidos. Guzmán Loera utilizó varios métodos para transportar los narcóticos del cartel hacia los Estados Unidos, incluyendo submarinos, aviones de fibra de carbono, trenes con compartimientos secretos y túneles transnacionales. Múltiples testigos testificaron sobre las incautaciones por oficiales de la policía de cantidades masivas de cocaína, heroína y marihuana vinculadas al cartel de Sinaloa. Una de las incautaciones más grandes de drogas dirigidas hacia los Estados Unidos involucró más de siete toneladas de cocaína ocultadas en latas de jalapeños.

El jurado también escuchó grabaciones con las palabras condenatorias del mismo Guzmán Loera discutiendo su narcotráfico, corrupción y violencia. Las llamadas incluyeron a Guzmán Loera discutiendo el envío de “ice”, refiriéndose a metanfetamina, a Los Ángeles, California; Mineápolis, Minesota; Ohio y Tucson, Arizona.

Red de Comunicaciones

Guzmán Loera también utilizó una sofisticada red de comunicaciones cifradas para gestionar una operación global de narcotráfico. Como un ingeniero de informática testificó en el juicio, Guzmán Loera le pagó un millón de dólares para comprar e instalar una red para permitirle al acusado comunicarse mediante el internet con sus socios de narcotráfico en Colombia, Ecuador, Canadá y los Estados Unidos sin miedo a ser interceptado por la policía o sus rivales. El testigo diseñó un sistema secreto y seguro, consistiendo de teléfonos celulares cifrados y aplicaciones cifradas.

Violencia del Cartel

El éxito del cartel de Sinaloa dependía del uso de la violencia para mantener su poder a lo largo de la región y más allá de esta. Numerosos coautores testificaron que Guzmán Loera dirigió a sus sicarios a secuestrar, interrogar, torturar y dispararle a miembros de organizaciones narcotraficantes rivales, a veces llevando a cabo los actos de violencia él mismo. Un antiguo sicario testificó que Guzmán Loera golpeó a dos hombres con la rama de un árbol hasta que sus cuerpos “quedaron completamente como muñecas de trapo”, antes de dispararle a los hombres y ordenar que sus cuerpos fuesen echados a una hoguera. El antiguo sicario también testificó que Guzmán Loera interrogó a un miembro de un cartel narcotraficante rival, le disparó y ordenó que dicho miembro fuese enterrado vivo. En una llamada interceptada, el jurado escuchó a Guzmán Loera ordenarle a uno de sus sicarios a secuestrar a miembros de carteles rivales, pero no matarlos sin antes verificar con él.

Armas

El cartel de Sinaloa tenía acceso irrestricto a armas. Un testigo de la policía le mostró al jurado más de 40 AK-47s que fueron incautadas en El Paso, Texas antes de que pudiesen ser entregadas a Guzmán Loera en México. Además, testigos identificaron fotografías de varias armas, incluyendo granadas y un lanzador de granadas propulsado por cohetes utilizado por el cartel de Sinaloa. El arsenal personal de Guzmán Loera incluía una AK-47 chapada en oro y tres pistolas calibre 38 incrustadas con diamantes, una de ellas adornada con sus iniciales, “JGL”.

Corrupción

La evidencia presentada en el juicio demostró que, para avanzar los intereses del cartel de Sinaloa, Guzmán Loera y su organización se aprovechó de una vasta red de funcionarios gubernamentales corruptos. Estos funcionarios comprendieron desde agentes de policía locales, guardias de prisión, funcionarios estatales, altos miembros de las fuerzas armadas hasta políticos. Estos funcionarios corruptos apoyaban a Guzmán Loera y su organización a cambio de sobornos valorados en millones de dólares. Por ejemplo, según el testimonio de varios testigos, en muchos casos, Guzmán Loera y sus trabajadores eran alertados sobre operativos policiales pendientes, lo cual le permitió a Guzmán Loera evadir captura en múltiples ocasiones. En otros casos, Guzmán Loera, mediante sus empleados, les pagaba a funcionarios para que se hicieran de la vista gorda frente a actividades de narcotráfico en un esfuerzo para facilitar el envío de drogas, armas y dinero en efectivo a granel.

Lavado de activos

El lucrativo negocio de narcotráfico de Guzmán Loera generó billones de dólares en ganancias ilícitas. Guzmán Loera utilizó varios métodos de lavado de activos, incluyendo contrabando de dinero en efectivo a granel desde los Estados Unidos hacia México. Una de las incautaciones más grandes fue de $1.26 millones incautados de compartimientos ocultos en un camión manejado por el hermano de Guzmán Loera en Douglas, Arizona en 1989. Además del contrabando de dinero en efectivo a granel, Guzmán Loera supervisó numerosas empresas fantasmas, incluyendo una compañía de jugos y una compañía de harina de pescado para blanquear las ganancias del narcotráfico del cartel.

“El veredicto de culpabilidad contra Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes narcotraficantes más violentos y temidos de nuestro tiempo, es un testamento del trabajo arduo y el valor del personal del orden público de primera línea de Estados Unidos, incluyendo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE”, dijo la secretaria Nielsen del DHS. “Ellos recolectaron evidencia sustancial a lo largo de múltiples investigaciones, la cual hizo posible su extradición a los Estados Unidos y un enjuiciamiento exitoso. El veredicto de hoy envía un mensaje inequívoco a criminales transnacionales: no se pueden esconder, no están más allá de nuestro alcance, los encontraremos y los llevaremos ante la justicia. Como Guzmán, ustedes sufrirán las consecuencias de su comportamiento criminal. Aplaudo a los hombres y mujeres valientes del DHS que ayudaron a hacer posible esta condena y le doy las gracias a nuestros socios interagenciales e internacionales por su labor excepcional.”

“Me alegra que el Departamento haya llevado a Joaquín Guzmán Loera (El Chapo) ante la justicia al obtener una condena contra este cabecilla narcotraficante, quien era el líder principal del cartel de Sinaloa”, dijo el fiscal general interino Whitaker. “Como le fue claro al jurado, la empresa criminal masiva valorada en múltiples billones de dólares de Guzmán Loera fue responsable de inundar las calles de los Estados Unidos con cientos de toneladas de cocaína, como también cantidades enormes de otras drogas peligrosas tales como la heroína y metanfetamina. La evidencia en el juicio también demostró abrumadoramente que los esfuerzos incesantes de Guzmán para expandir el control de su cartel y consolidar su poder dejaron una avalancha de corrupción y violencia en comunidades tanto en México como en los Estados Unidos. Este caso demostró el alcance extraordinario del Gobierno de los Estados Unidos, nuestra tenacidad y compromiso con perseguir a líderes narcotraficantes como Guzmán quienes —si no se le pone freno a su poder— desarrollarán, tal como lo hizo Guzmán, lo que por 25 años fue una capacidad casi imparable de movilizar cantidades masivas de drogas hacia nuestro país. Guzmán tenía el capital para absorber grandes pérdidas y para operar su empresa con impunidad; el poder enorme para corromper y la capacidad para utilizar la violencia en una escala masiva. En este caso, y más importantemente, su condena sirve como un mensaje irrefutable para los líderes narcotraficantes que quedan en México y para aquellos que aspiran a ser el próximo Chapo Guzmán, que eventualmente serán capturados y enjuiciados. Finalmente, este veredicto demuestra que los Estados Unidos, trabajando en asociación estrecha con el Gobierno mexicano, continuará trayendo todos los recursos posibles para su lucha contra narcotraficantes internacionales y sus organizaciones violentas”.

“La condena de hoy de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán demuestra la dedicación y determinación de los hombres y mujeres de la DEA para llevar ante la justicia al narcotraficante más peligroso y prolífico del mundo”, dijo Dhillon, administrador interino de la DEA. “Aquellos que traigan drogas y violencia que destruyen vidas y comunidades a los Estados Unidos no serán tolerados ni evadirán nuestro alcance. El éxito de este caso es un testamento de la fuerza de nuestra relación con nuestras contrapartes mexicanas. La DEA continuará buscando que se haga justicia alrededor del mundo y protegiendo a estadounidenses”.

Cuando sea sentenciado, Guzmán Loera enfrentará una pena obligatoria de cadena perpetua por dirigir una empresa criminal sistemática y una pena de hasta cadena perpetua por los siete cargos restantes. Luego del veredicto, el Gobierno buscará un fallo de extinción de dominio de billones de dólares que constituyen las ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico del cartel.

El caso del Gobierno está siendo procesado por el distrito este de Nueva York, el distrito sur de Florida y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal.

El juicio fue realizado en el distrito este de Nueva York en conjunto con las fiscalías federales en Brooklyn y Miami, además de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal.

Este caso fue investigado con la cooperación de autoridades del orden público mexicanas y colombianas. Los esfuerzos investigativos en este caso fueron coordinados con la División de Operaciones Especiales del Departamento de Justicia, consistiendo de agentes, analistas y abogados de ICE HSI; la DEA; la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la FBI; el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos; la Oficina Federal de Prisiones y la Policía Estatal de Nueva York.

Este caso también es el producto de esfuerzos continuos por parte del Equipo de Trabajo para el Control de Drogas y Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación que une la pericia combinada y habilidades únicas de agencias del orden público federales, estatales y locales. La misión principal del programa OCDETF es identificar, desestabilizar, desarticular y enjuiciar a altos miembros de organizaciones y empresas narcotraficantes, traficantes de armas y de lavado de activos.

El Equipo de Trabajo El Dorado tiene sede en la oficina del agente especial encargado de ICE HSI Nueva York y en otros lugares en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey. Agentes del equipo de trabajo educan al sector financiero privado sobre cómo identificar y eliminar vulnerabilidades, además de promover legislación en contra del lavado de activos mediante capacitación y otros programas de concientización. Fiscales utilizan una gama completa de leyes penales y civiles para enjuiciar a personas objetivo y decomisar sus ganancias derivadas de actividades ilícitas. Desde su fundación, el equipo de trabajo se ha extendido para abordar todos los delitos financieros —convirtiéndose en el equipo de trabajo contra delitos financieros más grande y exitoso del mundo.